Una licencia exprés de comercio para
evitar una burocracia muy cara
El Gobierno
aprobó el viernes una ley que facilita la apertura de un negocio sin necesidad
del permiso que hasta ahora expedían los ayuntamientos, y cuyo retraso costaba
entre 50.000 y 1320.000 euros a los emprendedores.
A partir del
próximo lunes, cualquiera que desee abrir un comercio de menos de 300 metros
cuadrados en su localidad no tendrá por qué esperar a la licencia de apertura
que hasta ahora concedía su ayuntamiento. Bastará con que cumpla tres pasos
administrativos: presentar una "declaración responsable" en la que se
compromete a atenerse a las normas locales, avalar la viabilidad técnica de su
establecimiento con el informe de un arquitecto o ingeniero y pagar la
correspondiente tasa municipal.
El Gobierno
asegura que este método de autolicencia exprés, aprobado ayer por el Consejo de
Ministros, beneficiará a aproximadamente a un millón de comercios que en estos
momentos operaba en España sin la pertinente licencia. Tanto éstos como los que
ya habían iniciado la apertura de su negocio con el antiguo trámite podrán
acogerse al nuevo, ya que la Ley de Dinamización del Comercio Minorista (nombre
oficial de la norma) entrará en vigor pasado mañana. Es decir, que los
funcionarios municipales ya deberán facilitar el inicio de una tienda con los
tres pasos descritos.
Costes
Hasta ahora, el período que transcurría desde que un comerciante pidiera la licencia a su ayuntamiento hasta que éste se la concediese variaba entre los seis y dieciocho meses. Según fuentes de la secretaría de Estado de Comercio, este retraso suponía un "extracoste" para el afectado de entre 50.000 y 132.000 euros al año.
Hasta ahora, el período que transcurría desde que un comerciante pidiera la licencia a su ayuntamiento hasta que éste se la concediese variaba entre los seis y dieciocho meses. Según fuentes de la secretaría de Estado de Comercio, este retraso suponía un "extracoste" para el afectado de entre 50.000 y 132.000 euros al año.
La nueva ley
no se aplicará al sector hostelero ni a algunos negocios sujetos a determinadas
particularidades técnicas. Por ejemplo, a aquellos comercios ubicados en
edificios considerados patrimonio histórico o a los que ya estén sometidos a
una regulación específica por sus productos de venta, como farmacias o tiendas
de animales. Sí beneficiará, por el contrario, a tiendas de alimentación,
frutería, carnicería, confección, textil, droguería, perfumería, joyería,
juguetería, papelería, agencias de viaje, calzado, venta de automóviles,
belleza y un largo etcétera.
Con todo, el
Gobierno informó ayer de que dentro de un año se revisarán los efectos de la
ley para, si resulta exitosa, ampliar tanto los metros de superficie de los
negocios beneficiados como sus áreas de actividad. Al tratarse de una norma de
mínimos, las comunidades autónomas están capacitadas para aumentar desde ya
mismo estos márgenes de acción, si así lo desean.
Con un total
de 436.496 empresas, 606.131 locales y 1,8 millones de empleos, el sector
comercial minorista constituye un sector fundamental para la economía española.
Este sector, que cuenta con una fuerte presencia del pequeño comercio, sufre en
estos momentos las consecuencias de la crisis, lo que se refleja en un descenso
de las ventas cifrado en un 22,6% acumulado en los últimos cinco años.
