jueves, 27 de septiembre de 2012

El castigo a las plusvalías revoluciona la fiscalidad del ahorro. Castigo fiscal que también se extiende a las plusvalías a corto plazo de las operaciones inmobiliarias.


más presión fiscal/ La subida del IRPF a las plusvalías en bolsa e inmobiliarias a corto plazo complica la planificación a los ahorradores de cara a 2013, ya que esta medida convive con otros incrementos y con bonificaciones y no está claro el marco temporal de su aplicación.
El panorama fiscal de 2013 para los ahorradores se presenta complejo, ya que el Gobierno ha lanzado varias reformas que afectan al ahorro, unas para fomentarlo y otras que pueden retraerlo. El Ejecutivo ha avanzado que va a subir el IRPF a las plusvalías financieras e inmobiliarias generadas en un año, que tributarán por el tipo marginal del IRPF, que oscila entre el 24,75% y el 52%, a lo que se suma el recargo autonómico, lo que en el caso de Cataluña lo dispara al 56%.

A partir de entonces, pagarán a Hacienda lo mismo que tributan ahora, vigente desde que el Ejecutivo del PP subió el IRPF el pasado enero: un 21% para menos de 6.000 euros, un 25% para rentas de hasta 24.000 euros y un 27% más allá de esa cantidad.

Sin embargo, el alza fiscal sólo afecta a las ganancias pero no a los rendimientos del capital, con lo que dividendos, intereses, pagarés, fondos de pensiones, letras o depósitos se libran de la subida.

Los expertos a los que ha consultado este diario alertan de que el aumento de impuestos a las plusvalías a corto plazo tendrá más consecuencias de las previstas. El Gobierno la ha presentado como una reforma que persigue castigar al especulador, y algunas voces críticas han denunciado que se trata de otro parche en el marco tributario.

En cualquier caso, el castigo a las ganancias en un año que va a realizar el Ejecutivo supone una revolución para la fiscalidad del ahorro, ya que deja fuera del alza fiscal a los rendimientos del capital, con lo que fragmenta la estructura del impuesto y crea distorsiones.

El impacto alcanza a dos sectores tocados por la coyuntura. Por una parte, el mercado bursátil, del que poco a poco se han visto expulsados los particulares españoles ante la volatilidad, los únicos a los que va a afectar el alza fiscal, ya que quedan exentos de su ámbito de influencia sociedades o inversores extranjeros que son, precisamente, los colectivos que en estos momentos especulan en el mercado.

La reforma que lanza Hacienda privilegia así la inversión en activos financieros. Se exime a los depósitos y a la deuda pública, lo que beneficia al Estado y, según apuntan los fiscalistas que ha sondeado este periódico, discrimina a las plusvalías.

Esto implica que el Gobierno fractura la fiscalidad del ahorro, que empezó a unificar precisamente el Ejecutivo de Aznar en 1998, justo por la distorsión que suponía el tratamiento diferenciado del ahorro. Luis Bravo, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, apunta que "el argumento para dar un tratamiento específico a la renta del ahorro es muy contundente: no resulta justo volver a gravar conforme a una tarifa progresiva los rendimientos de un patrimonio que ya lo había hecho por proceder principalmente del trabajo y de las actividades económicas".

Posteriores gobiernos de distinto color siguieron en 2004 y 2008 en una línea muy parecida, consolidando la dualidad del Impuesto con una base del ahorro de las rentas derivadas de las inversiones de los sujetos pasivos, así como la eliminación del castigo al corto plazo.

En lo que respecta al mercado inmobiliario, los expertos apuntan que la reforma asesta un nuevo golpe a este sector en caída libre y que supone un parche más en el marco fiscal de la vivienda, que soporta cambios continuos. Cabe deducir que el Gobierno espere más compras por la caída de precios pero es muy difícil que estas transacciones generen plusvalías en los próximos meses.

En este caso, la subida del IRPF a las plusvalías inmobiliarias se realiza cuando se acaba de lanzar una exención del 50% para las plusvalías que generen las viviendas que se compren entre 12 de mayo y 31 de diciembre de 2012, lo que implica que la bonificación y el castigo fiscal convivirán en muchos casos.

A lo que se suma que en enero entra en vigor la subida del IVA para la vivienda del 4% al 10% y el fin de la deducción en el IRPF por la compra de vivienda habitual, entre otros cambios. La fiscalidad de la vivienda alcanza así una gran complejidad.

Además, en el caso de las plusvalías inmobiliarias, la subida afecta al particular español pero no a los fondos buitre que especulan con activos tóxicos, puesto que no son personas físicas. También perjudica a los ingresos de las comunidades autónomas en un momento difícil, ya que verán mermada la recaudación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que grava la compra-venta de vivienda usada.

La superposición de reformas y subidas de impuestos crea distorsiones, alertan los expertos que hacen que a un particular que tribute por el 24,75%, para plusvalías mayores de 6.000 euros le interesa más vender en un año y así recibir un gravamen del marginal, en vez del 25% ó 27% que le correspondería si vende más tarde.

A lo que se suma que Hacienda no ha aclarado cuándo va a entrar en vigor la reforma. Todo parece indicar que lo hará el 1 de enero de 2013, y que, según explican los expertos, afectará a las ventas que se realicen a partir de entonces, por lo que impactará en las compras que se hagan en 2012 siempre que no transcurra un año hasta su venta en 2013. Sin embargo, no es totalmente descartable que la norma explicite que la subida se aplica a un determinado marco temporal anterior a 2013.
En cuanto a los efectos, además de dudar de que la reforma castigue al especulador, los expertos vaticinan que tendrá escaso efecto recaudatorio.

Ignacio Albendea Solís, socio de Montero Aramburu Abogados, refrenda que "el mercado inmobiliario está paralizado, por tanto, no se aprecia afán recaudatorio en la medida, aunque el Gobierno sabe que el año que viene la sociedad estatal que gestionará los activos inmobiliarios de las entidades financieras comenzará a sacar al mercado todo el stock inmobiliario, con unas expectativas de inundación del mercado de miles de inmuebles a precios muy rebajados".

A juicio de Albendea Solís. "la paralización del mercado inmobiliario no proviene de los agentes u operadores en el mismo, si no de la falta de crédito a las empresas y a los particulares, y hasta que no se resuelva la crisis financiera, es decir, la de las entidades financieras, no volverá el mínimo dinamismo que necesita el sector".

Con todos estos factores en mente, los expertos recuerdan al Gobierno que una reforma como la anunciada exige "un diseño técnicamente meticuloso, en línea con el carácter analítico del impuesto y la complejidad del mismo". Álvaro de la Vía, socio de Olswang, recuerda que, "en el fondo, se trata de una modificación profunda de la estructura del tributo que necesita sosiego".

FUENTE.- EXPANSIÓN